La infraestructura de atención de salud mental ha estado crónicamente subfinanciada durante siglos. La falta de financiación y la falta de respuestas coordinadas resultan en un sistema que no satisface las necesidades de las personas y familias con enfermedades mentales. Las familias en nuestro sistema se quedan sin apoyo para problemas de salud mental, lo que resulta en un mayor uso de servicios de crisis, interacción con el sistema judicial penal, falta de vivienda, interrupción o despido de la educación, pérdida del empleo y, en caso de suicidio, la pérdida de vidas.
La pandemia de COVID-19 puso de relieve la disparidad en la financiación de la atención de salud mental y, al mismo tiempo, exacerbó la necesidad de un mayor apoyo. Los Fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense proporcionaron fondos muy necesarios para que el sistema de salud mental respondiera a la mayor demanda de tratamiento y atención a traumas. Para implementar una respuesta adecuada a la COVID-19, nuestro sistema debe garantizar que la financiación otorgada como resultado de la pandemia sea continua y sostenida para garantizar la atención a largo plazo tras esta crisis sanitaria, en lugar de una inyección única de recursos. Además, la asignación de fondos debe centrarse no solo en el tratamiento, sino también en la prevención y los apoyos de intervención temprana que se sabe que identifican y tratan las enfermedades mentales de forma temprana, incluyendo programas de desarrollo infantil temprano, guarderías y atención de salud mental en las escuelas, educación y detección de enfermedades mentales en las escuelas, y financiación para el desarrollo profesional.
Aunque una de cada cinco personas padece una enfermedad mental diagnosticable, la salud mental afecta a todas las personas en su vida personal y en sus comunidades. Los datos tienen el poder de apoyar la intervención temprana, fomentar el aprendizaje en la investigación y la práctica, y coordinar la atención en comunidades y escuelas. Sin embargo, no podemos lograr estos objetivos sin un cambio político sistémico y sustancial. Para que nuestros datos sean significativos, deben dar lugar a leyes, regulaciones e implementación de políticas que canalicen la financiación y la orientación federal, estatal y local para aumentar la atención de salud mental de calidad y receptiva para jóvenes, adultos y familias.
Esta agenda política puede lograrse dotando a investigadores, defensores, proveedores, administradores y legisladores de datos para la formulación de políticas significativas y específicas. Además, datos adicionales sobre demografía y ubicación brindan la oportunidad y la responsabilidad de explorar el impacto interseccional de la salud mental y la pobreza, el trauma, las desigualdades ambientales, el desarrollo y la conectividad comunitaria, la discriminación, el racismo y otros determinantes sociales de la salud. Con esta mayor comprensión, las partes interesadas pueden invertir mejor en el trabajo con las comunidades para eliminar el daño, promover el bienestar y crear entornos que permitan el desarrollo de las personas.
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[13]Kessler RC, Angermeyer M, Anthony JC, et al. (2007). Prevalencia a lo largo de la vida y distribución por edad de inicio de los trastornos mentales en la Iniciativa de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud. World Psychiatry, 6(3): 168–76. Recuperado de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2174588/